El AIPAC en el banquillo: o ellos o nosotros

Al servicio de los intereses expansionistas de Israel

Por james Petras


En agosto de 2004, el FBI y la Oficina de contraespionaje del Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciaron que estaban investigando a un analista de alto nivel del Pentágono, sobre el que recaían sospechas de espionaje en favor de Israel y de entrega al AIPAC de documentos de alto secreto relativos a las políticas de Estados Unidos hacia Irán, que a su vez los habría transmitido a la embajada israelí. El FBI había estado investigando secretamente al analista del Pentágono Larry Franklin y a los líderes del AIPAC Steven Rosen y Keith Weissman durante varios años antes de hacer pública la acusación de espionaje. El 29 de agosto de 2005, la embajada israelí, como cabía esperar, negó insistentemente la acusación de espionaje; ese mismo día Larry Franklin era acusado públicamente de espionaje. Franklin había colaborado estrechamente con Michael Ledeen y Douglas Feith, entonces subsecretario de Defensa en el Pentágono, en la maquinación del caso de guerra contra Irak, y era el especialista de más alto nivel sobre Irán, país que se halla en el primer lugar de la lista de objetivos de guerra del AIPAC.

A medida que la investigación avanzaba y se concretaban acusaciones formales de espionaje, los think tanks pro israelíes y los ideólogos “Ziocon” (neoconservadores sionistas) unían sus fuerzas en una respuesta doble. Por una parte, algunos cuestionaban el hecho de que la “entrega de documentos” pudiera considerarse un delito, y aseguraban que se trataba de un “intercambio rutinario de ideas” y de actividades habituales de cabildeo. Por otra parte, oficiales israelíes y medios de comunicación negaban cualquier tipo de conexión israelí con Franklin, minimizando también la importancia de éste en los círculos de elaboración de políticas, mientras que otros, por su parte, daban testimonio de su integridad.

La investigación del FBI de la red de espionaje de Washington avanzaba y poco después condujo al interrogatorio de dos miembros principales de la Office of Special Plans (OSP) de Douglas Feith: William Luti y Harold Rhode. Dicha Oficina era responsable de la entrega de documentos de inteligencia falsos conducentes al ataque de Estados Unidos contra Irak. El principal investigador del FBI, Dave Szady, manifestó que la investigación del FBI incluía escuchas telefónicas, vigilancia secreta y fotografías, todo lo cual documentaba la entrega de información secreta de Franklin a los miembros del AIPAC y la posterior entrega de la información a los israelíes.

La investigación sobre Franklin-AIPAC-Israel era algo más que una operación de espionaje: estaba en juego el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Oriente Próximo, y, más concretamente, se trataba de comprobar si los neoconservadores sionistas iban a ser capaces de conducir a Estados Unidos hacia una confrontación militar con Irán. Franklin era uno de los principales analistas del Pentágono sobre Irán, y tenía acceso a todas las deliberaciones de carácter ejecutivo en relación con este país. El cabildeo y la información obtenida por el AIPAC eran utilizados agresivamente en favor de los planes israelíes de provocar una confrontación entre Estados Unidos e Irán, contra la resuelta oposición del Departamento de Estado, la CIA, los servicios de inteligencia militares y los altos mandos militares operativos.

La detención de Franklin, el 4 de mayo de 2005 y las subsiguientes detenciones del director de investigación de política exterior del AIPAC, Steven Rosen, y del especialista en Irán y vicedirector de política exterior, Keith Weissman, el 4 de agosto de 2005, fueron duros golpes al programa de guerra elaborado por Israel y el AIPAC para Estados Unidos. El FBI había conducido su investigación con mucha precaución, acumulando informaciones detalladas durante varios años. La prudencia venía dictada por la enorme influencia política que el AIPAC y sus aliados de la Conferencia de presidentes de organizaciones judías detentan en EE UU, tanto en el Congreso como en los medios de comunicación y los sectores fundamentalistas cristianos, y que podría ponerse de manifiesto cuando los presuntos espías fueran llevados ante un tribunal.

El primer golpe llegó el 29 de agosto de 2004, cuando la cadena de radio y televisión CBS hizo pública la investigación del FBI, coincidiendo con la confesión de Franklin de haber entregado documentos de alto secreto a un miembro del gobierno israelí y su compromiso de colaborar con los agentes federales. Franklin estaba dispuesto a conducir a las autoridades a sus contactos en el interior del gobierno israelí; más tarde, no obstante, Franklin dejó de cooperar. Abe Foxman, de la Anti-Defamation League –un importante lobby judío pro israelí– pidió que un fiscal especial investigase las “filtraciones” de la investigación del FBI, porque, en su opinión, estaban “enfangando” temerariamente la imagen de Israel. El entonces fiscal general, John Ashcroft, intervino para intentar frenar la investigación, que se ampliaba por momentos al “nido” de Zioncons del Pentágono: Feith, Wolfowitz, Perle y Rubin fueron “entrevistados” por el FBI. Otro Zioncon, Michael Rubin, que había sido especialista del Pentágono sobre Irán e “investigador” residente del American Enterprise Institute2, atacó a Bush por su “pasividad en el asunto de espionaje” y calificó la investigación de “caza de brujas antisemitas” (Forward, 10.9.2004). El AIPAC lanzó una campaña masiva contra la investigación y en apoyo de sus actividades y sus líderes. Como resultado de ésta, un gran número de miembros prominentes del Congreso, tanto republicanos como demócratas, se manifestaron públicamente en defensa del buen nombre del AIPAC, a la vez que reafirmaban su confianza y apoyó a esta organización.

Nunca en la historia de Estados Unidos tantos miembros prominentes del Congreso, pertenecientes a ambos partidos, habían dado su apoyo a una organización sospechosa de espionaje, basándose únicamente en la información suministrada por el propio sospechoso y con una ignorancia total de los argumentos del fiscal federal. Contrariamente al apoyo bipartidista en el Congreso a favor del AIPAC, una encuesta de votantes potenciales mostraba que el 61% creían que el AIPAC debería ser obligado a registrarse como agente de una potencia extranjera y renunciar a su privilegio de exención de impuestos. Sobre este punto, solamente el 12% estuvo en desacuerdo. Entre los judíos estadounidenses, el 50 % no estaba seguro, mientras que el 15% estaba totalmente de acuerdo y el 15% totalmente en desacuerdo. Es evidente que muchos ciudadanos estadounidenses tienen serias dudas sobre la lealtad y la naturaleza de las actividades del AIPAC, contrarias a sus representantes elegidos. La investigación federal de este caso de espionaje continuó a pesar de la oposición del Gobierno y del Congreso, entendiendo que tenía a su favor el respaldo de la gran mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos.

En diciembre de 2004, a instancias del FBI, cuatro de los principales dirigentes del AIPAC debieron aparecer ante un jurado de acusación (grand jury); asimismo, el FBI registró las oficinas de Washington de dicha organización en busca de nuevos documentos incriminatorios contra Rosen y Weissman.

El AIPAC siguió negando cualquier tipo de irregularidad y manifestó: “Ni el AIPAC ni ningún miembro de su personal han violado ninguna ley. Estamos convencidos de que cualquier tribunal o jurado de acusación llegará a la conclusión de que los empleados del AIPAC han actuado siempre legal, correcta y adecuadamente” (AIPAC, 1.12.2004). No obstante, pocos meses después de la investigación y tras el arresto de dos de sus principales dirigentes, el AIPAC puso fin al contrato de éstos y después de unos meses dejó de pagar las facturas de su defensa en justicia. Del mismo modo, las categóricas negativas de Israel de haber realizado actos de espionaje se evaporaron, a medida que los videos y las transcripciones de su operación de recepción de documentos secretos llegaban a conocimiento público.

A principios de 2005 se convocó un jurado de acusación. A medida que la investigación del FBI llegaba a los entresijos del asunto AIPAC-Pentágono, los superiores de Franklin --el espía confeso-- Paul Wolfowitz y Douglas Feith anunciaban repentinamente su dimisión de los puestos 2 y 3 del Pentágono, probablemente como resultado de un acuerdo con el Departamento de Justicia para librarse de nuevas investigaciones relativas a sus vínculos con los servicios secretos israelíes y con Franklin. En febrero de 2005, George Bush anunció que Elliot Abrams, delincuente convicto en su día, defensor de los escuadrones de la muerte centroamericanos y conocido fanático sionista, se haría cargo de las políticas para Oriente Próximo en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC). Abrams canalizaría las políticas israelíes hacia la Casa Blanca y sería la fuente habitual de las principales discusiones y decisiones de políticas. Aparentemente, Abrams era lo suficientemente listo como para mantenerse al margen de los operativos de Franklin/Feith y AIPAC/Embajada israelí, y tratar directamente con Ariel Sharon y su jefe de gabinete, Dov Weinglass. En abril de 2005, el AIPAC despedía a Rosen y Weissman, afirmando que sus actividades no estaban a la altura de las exigencias de la organización. El 4 de mayo, Franklin era detenido y acusado de desvelar ilegalmente información altamente secreta a dos empleados de un grupo de cabildeo pro israelí. El 13 de julio de 2005, una nueva acusación ampliada citaba explícitamente al AIPAC, a “una potencia extranjera” (Israel) y a un agente del Mosad, Naor Gilon, que entretanto había huido a Israel.

A pesar de que el AIPAC estaba implicado en un caso grave de espionaje con participación de Steve Rosen, jefe de su departamento de política exterior, y Keith Weissman, jefe de su sección de Irak, la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice tomó parte y leyó el discurso de apertura en la convención del AIPAC (22-24 de mayo de 2005). También hubo manifestaciones de los líderes del Congreso de ambos partidos, republicano y demócrata, que declararon su apoyo incondicional al AIPAC, y a Israel y Ariel Sharon. En la lista de estos líderes figuraban, entre otros, la senadora Hillary Clinton, el líder de la mayoría del Senado, Bill Frist (republicano), y el líder democrático del Senado, Harry Reid. A juzgar por lista de asistencia del año anterior, más de la mitad del Senado de Estados Unidos y un tercio de los miembros del Congreso asistieron a este acontecimiento. Es evidente que el AIPAC, que cuenta con 60.000 acaudalados miembros y un presupuesto anual de 60 millones de dólares, tuvo en esta ocasión más influencia en el comportamiento político del gobierno de los Estados Unidos, de sus partidos políticos y de sus representantes elegidos, que una acusación federal contra sus líderes de realizar actividades de espionaje en beneficio de Israel. ¿Sería posible inculpar legalmente a nuestros líderes políticos de “cómplices ex post” de espionaje si los líderes del AIPAC llegaran a ser encausados?

El 4 de agosto de 2005, Paul McNulty, del Departamento de Justicia, acusaba formalmente a los líderes del AIPAC de recibir y transmitir documentos de alto secreto al Estado de Israel por intermedio de la embajada israelí. El juicio se celebrará el 25 de abril de 2006. Por su parte, el juicio de Franklin debía haber comenzado el 2 de enero de 2006, pero ha sido aplazado. Franklin ha estado cooperando con el FMI y con el Departamento de Justicia en sus investigaciones del AIPAC y del papel del grupo de altos funcionarios del Pentágono conocido como “Israel primero” en la preparación de la invasión de Irak y en los nuevos planes de ataque a Irán. La acusación está basada en una larga investigación, que en el caso del AIPAC comenzó ya en 2001, mientras que la acusación de Rosen y Weissman registra actividades ilegales desde abril de 1999.

El juicio por espionaje: una bomba política

Una vez que Rosen y Weissman comenzaron a ser objeto de una intensa investigación federal, como cómplices del caso Franklin, el AIPAC decidió limitar sus pérdidas y cubrirse las espaldas, expulsándolos de su organización, lo que sucedió en marzo de 2005, con el pretexto de que su “comportamiento no formaba parte de su trabajo y estaba por debajo de los estándares requeridos de los empleados del AIPAC” (Forward, 23.12.2005). Con ello, el AIPAC estaba haciendo de Rosen y Weissman los chivos expiatorios, con el fin de librarse de nuevas investigaciones federales en su organización. Además, el AIPAC canceló los pagos a los abogados de Rosen y Weissman, dejándolos con una minuta impagada de casi medio millón de dólares. El AIPAC no tiene intención de abonar esta cantidad antes de la finalización del juicio, y no por falta de fondos (consiguieron más de 60 millones de dólares en 2005 y es una organización exenta de impuestos) sino por razones políticas. Antes, quiere ver en qué termina el juicio: si son absueltos, el pago a sus abogados no ofrecerá peligro alguno; pero si son condenados, el AIPAC se negará a pagar (basándose en determinados tecnicismos paralegales de la propia organización) con el fin de no verse implicados en un caso en un caso de espías convictos. Los líderes del AIPAC están anteponiendo los intereses de su organización y su capacidad de promover los intereses israelíes en el Congreso y los medios de comunicación a la lealtad debida a sus ex miembros.

El contraataque

Rosen y Weissman están contraatacando con una vehemencia inesperada, ante la perspectiva de ser condenados a diez años de prisión federal por los cargos detallados y bien documentados, basados en escuchas telefónicas, videos y testimonios del espía confeso Franklin, expulsado del AIPAC y denunciado por sus ex colegas y actuales líderes de la citada organización.

Se espera que los abogados de la defensa basen su actuación en el hecho de que la recepción de información proveniente de oficiales del gobierno era una actividad por la que el AIPAC pagaba a sus dos clientes y que les incitaba hacer, actividad que el propio AIPAC realiza de forma rutinaria (Forward, 23.12.2005). En otras palabras, Rosen y Weissman afirmarán que la obtención de documentos confidenciales de manos de altos cargos del Gobierno de Estados Unidos y su entrega a oficiales israelíes era una práctica corriente entre los miembros operativos del AIPAC. Con el fin de reforzar su afirmación de “estar simplemente siguiendo órdenes del AIPAC”, los abogados de Rosen y Weissman llamarán a declarar a oficiales del AIPAC con el fin de que informen al tribunal sobre su anterior acceso a documentos confidenciales, sus contactos con oficiales de alto nivel y su colaboración con oficiales de la embajada israelí. Un testimonio de este tipo probablemente expondría, tanto dentro como fuera de EE UU, el papel del AIPAC como correa de transmisión bidireccional hacia Israel y desde este país.

Si Rosen y Weissman consiguen vincular al AIPAC con sus actividades y si son condenados, se abrirá una investigación federal de mucho mayor calado sobre el papel del AIPAC en la facilitación y autorización de actividades ilegales el beneficio del Estado de Israel.

En los casi dos años desde que Rosen y Weissman se hallan expuestos a la luz pública como sospechosos de espionaje, el AIPAC ha conseguido defenderse de esta publicidad negativa por medio de la movilización de políticos de alto nivel, líderes de partidos y miembros prominentes del Gobierno Bush, que han dado testimonio público en favor de esta organización. Han conseguido librarse de Rosen y Weissman y seguir disfrutando del apoyo del Congreso de Estados Unidos a las actividades belicistas de Israel contra Irán. En estas circunstancias, Rosen y Weissman amenazan inesperadamente con asestar un duro golpe a esta cobertura del AIPAC, que se presenta como “sólo otro lobby influyente” que pretende mejorar los intereses mutuos en materia de seguridad de Estados Unidos e Israel.

La defensa de Rosen y Weissman hará sin duda uso del hecho de que el AIPAC en ningún momento informó a sus empleados de lo que la ley establece en materia de obtención y transmisión de informaciones de carácter altamente secreto a una potencia extranjera. Rosen y Weissman afirmarán que no sabían que recibir información confidencial de manos de oficiales del gobierno y al transmitirla a Israel era algo ilegal, por cuanto todos hacían lo mismo. Además, también afirmarán que su supuesta actividad de espionaje no era una “operación delictiva” que llevasen a cabo independientemente de la organización, sino que estaba aprobada por sus superiores, citando para ello los procedimientos utilizados por los empleados del AIPAC en su rendición de cuentas a sus superiores.

Rosen y Weissman están adquiriendo una estatura bíblica. Según un ex empleado del AIPAC que sigue manteniendo relación con los actuales jefes de esta organización, ésta considera a Rosen y Weissman como “Sansón tratando de derribar el templo sobre las cabezas de todos ellos” (Forward, 23.12.2005).

Y “todos ellos” quiere decir aquí todos los que han participado en la explotación de la riqueza, la fuerza militar y el poder de Estados Unidos al servicio de los intereses expansionistas de Israel. Lo que comenzó como un pequeño caso de espionaje, no diferente de otros casos recientes, está convirtiéndose en una causa célebre que implica al lobby más poderoso, que influencia en su totalidad la dirección de las políticas de Estados Unidos hacia Oriente Próximo. Si Rosen y Weissman son condenados y ellos afirman efectivamente que estaban siguiendo órdenes e informando al AIPAC de sus actividades delictivas es posible que muchos ricos donantes y activistas judíos abandonen la organización, y quizás los políticos que han estado comiendo de la mano del AIPAC lleguen a verse cubiertos de vergüenza para siempre. Con un AIPAC debilitado y sus aliados neoconservadores sionistas del Gobierno recelosos de continuar su “conexión” con los medios de inteligencia israelíes en materia de políticas sobre Oriente Próximo, es posible que se produzca un debate libre y abierto sobre los intereses de Estados Unidos. Con un debate público relativamente libre de las trabas que imponen los lobbies israelíes y sus ideólogos, quizás la oposición pública de Estados Unidos a las guerras y ocupaciones de Oriente Próximo pueda convertirse en un discurso dominante en el Congreso, si no en el Gobierno. Quizás los 3.000 millones de dólares anuales de ayuda exterior a Israel puedan asignarse ahora a las asoladas zonas urbanas industriales de Michigan, el norte del Estado de Nueva York y otros lugares. Un cambio del militarismo en Oriente Próximo a una política exterior democrática no tendrá lugar solamente por un juicio por espionaje, por severa que sea la sentencia y por mucho que esté implicado el AIPAC, a menos que la opinión pública estadounidense se organice como una mayoría democrática capaz de hacer frente a los líderes de los partidos, del Congreso y del gobierno con una simple pregunta: ¿están ustedes a favor de Estados Unidos o a favor del AIPAC? Si los espías acusados son condenados y se demuestra la participación del AIPAC, los políticos de Estados Unidos se hallarán ante una opción clara: o bien se ponen a favor de una política exterior democrática, o bien siguen hundiendo sus cabezas en ese sumidero de dinero negro pagado por agentes de una potencia extranjera y siguen mostrando, una vez más, su trasero al pueblo americano.